Optimización de la movilidad: servicio de objetivos RSE
- 24/06/2026
- 10:09
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Para todas las empresas cuya actividad se basa en equipos móviles, la optimización de los desplazamientos y el control de la movilidad se convierten en medios imprescindibles para conciliar el rendimiento económico con la responsabilidad social y medioambiental.
Sommaire
La RSE (responsabilidad social empresarial) ya no es “la guinda del pastel” ni el “valor añadido” de la actividad de las empresas. Cada vez más regulada, obliga a las empresas a asumir compromisos sociales y ambientales, así como a rendir cuentas de sus acciones y resultados en documentos de reporting extrafinanciero. En Francia, la obligación de elaborar una declaración de desempeño extrafinanciero (DPEF) aún afecta solo a las grandes empresas, es decir:
- las sociedades cotizadas con más de 40 millones de euros de facturación y/o más de 500 empleados;
- las sociedades no cotizadas con más de 100 millones de euros de facturación y/o más de 500 empleados.
Esto representa aproximadamente 3.800 empresas en la actualidad.
Pero, a partir de 2023, esta obligación se ampliará a las empresas de más de 250 empleados y a casi todas las sociedades cotizadas en bolsa (a partir de 10 empleados).
Prioridad en la reducción de CO₂
Si durante mucho tiempo la elección de las prioridades de RSE se dejó a criterio de cada empresa, los retos se están concentrando en unos pocos temas, entre los cuales destaca —por la urgencia climática— la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Es, por tanto, lógico que las empresas cuya actividad se basa en intervenciones en campo y equipos móviles centren sus esfuerzos en la reducción de las emisiones de CO₂ relacionadas con el transporte.
Esta prioridad es aún más evidente en las grandes empresas, ya que desde 2011 están obligadas a elaborar cada cuatro años un balance de sus emisiones de GEI (BEGES). Todos los centros con más de 500 empleados están sujetos a esta obligación. El incumplimiento puede conllevar una multa cuyo importe, tras la Ley de Energía y Clima del 8 de noviembre de 2019, se elevó a 10.000 € (20.000 € en caso de reincidencia), frente a los 1.500 € anteriores.
Además, este balance debe ir acompañado de un “plan de transición para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que incluya los objetivos, medios y acciones previstos para tal fin y, en su caso, las acciones llevadas a cabo durante el anterior balance” (artículo L229-25 del Código del Medio Ambiente).
Abordar el tema desde un enfoque regulatorio no hace más que reforzar la necesidad de que estas empresas cuantifiquen sus emisiones de GEI y midan los resultados de las acciones emprendidas para reducirlas.
Las herramientas de Field Service Management aportan una contribución clave a todas las empresas, ya que permiten planificar rutas y crear agendas de intervención que minimizan el número de kilómetros recorridos y maximizan el número de intervenciones de los equipos, así como la tasa de utilización de los vehículos. Dado que la gran mayoría de los actores sigue utilizando vehículos de motor térmico, esta optimización se traduce de forma directa en una reducción del consumo de combustible y, por tanto, de las emisiones de CO₂.
¿El beneficio inmediato de la optimización para la empresa?
- Entre un 10 % y un 30 % de ahorro en gastos de combustible y en número de vehículos.
- Ganancias de productividad del mismo orden para los colaboradores móviles, que pueden realizar cada día un mayor número de intervenciones o rutas más densas sin pasar más tiempo en la carretera.
El punto de partida de un círculo virtuoso
Ciertamente, este enfoque solo cubre las emisiones de CO₂ relacionadas con el transporte, que a su vez representan solo una parte de las emisiones directas de una empresa, lo que se denomina el “scope 1”*. Por supuesto, un balance de carbono/GEI completo debe abarcar la totalidad del scope 1 y, lo que suele ser más complejo, las emisiones indirectas a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa (scopes 2 y 3).
Abordar la cuestión a partir de las emisiones relacionadas con el transporte es, sin embargo, ya un paso significativo para todas las empresas de transporte y de servicios de campo que, al no tener actualmente una obligación legal en materia de balance de GEI debido a su tamaño, quieren aun así demostrar que actúan de manera responsable y concreta frente al clima.
Este punto es aún más importante si se tiene en cuenta que un número creciente de clientes, tanto públicos como privados, exige a los proveedores, subcontratistas y transportistas con los que trabajan que cuantifiquen sus emisiones de CO₂, para no aumentar su propio balance de carbono. En otras palabras, el control de las emisiones de CO₂ se ha convertido en una condición para acceder a determinados contratos.
Cumplir con esta condición optimizando sus rutas desde ahora es, por tanto, una forma de proteger su actividad futura. Es también el punto de partida de un círculo virtuoso: los ahorros generados en combustible gracias a la reducción del kilometraje pueden, por ejemplo, acelerar sus inversiones en vehículos eléctricos, que a su vez mejorarán el balance de carbono de sus actividades de campo, reforzarán la elegibilidad de su empresa para los contratos que busca y le protegerán de las restricciones/prohibiciones de circulación que cada vez más autoridades locales imponen a los vehículos térmicos.
Una visión global del rendimiento de la empresa
La prioridad otorgada a la reducción de las emisiones de GEI no debe hacer olvidar las demás dimensiones de la RSE y del desarrollo sostenible. La visión sistémica impulsada por estos conceptos se ha impuesto ampliamente en las empresas y en la sociedad. Las obligaciones de reporte extra financiero no hacen más que confirmar una evolución importante: la consideración de criterios no financieros en la evaluación del rendimiento y del valor de una empresa, reconociendo que el desempeño financiero ya no puede ser el único objetivo.
La aparición del estatus de «empresa con misión», derivado de la ley Pacte del 16 de mayo de 2019, ilustra también esta transformación.
Por supuesto, los criterios de rentabilidad financiera siguen siendo centrales en la valoración de una empresa. Pero las dimensiones medioambientales, sociales y societarias son cada vez más examinadas por la sociedad civil, las ONG y los inversores, en particular a través de auditorías ESG. Estas permiten verificar que las empresas adoptan prácticas responsables hacia el conjunto de sus partes interesadas: empleados, clientes, proveedores y socios.
Más allá de los inversores, la política social y medioambiental de una empresa tiene un impacto directo en un factor clave: su capacidad para atraer, contratar y fidelizar talento. En los sectores que implican desplazamientos frecuentes, el tiempo pasado en la carretera, la calidad de la organización de las rutas y el cumplimiento de las restricciones regulatorias se han convertido en factores determinantes de satisfacción y retención de los empleados.
Es aquí donde las herramientas de optimización de la movilidad y de gestión de operaciones de campo aportan un valor concreto: reducción del tiempo de desplazamiento, disminución de la carga mental, mejora de las condiciones de trabajo y simplificación de las tareas administrativas gracias a soluciones adaptadas a los usos móviles.
Más allá del caso particular de los inversores o compradores, la política social y medioambiental de su empresa tiene una incidencia directa y creciente sobre un factor absolutamente vital para su actividad: su capacidad para atraer, contratar y fidelizar a los colaboradores que necesita.
Con toda legitimidad, usted desea contratar “a los mejores”. Pero, ¿quiénes son “los mejores”? Aquellos que tienen opciones, precisamente porque son competentes, y que solo elegirán su empresa y se implicarán en ella si se identifican con sus valores y si las condiciones de trabajo que se les ofrecen les resultan adecuadas.
En todos los sectores de servicios de campo o que implican desplazamientos diarios, el tiempo pasado en la carretera y la gestión de los horarios en cumplimiento de la legislación laboral se han convertido en criterios fundamentales de fidelización de los empleados, ya sean técnicos de mantenimiento, instaladores, repartidores o expertos altamente especializados.
En este contexto, las herramientas de optimización de la movilidad y de gestión de operaciones de campo permiten mejorar de forma concreta las condiciones de trabajo de los empleados móviles, no solo reduciendo el tiempo de desplazamiento y el estrés asociado, sino también aligerando las tareas administrativas que deben asumir gracias a aplicaciones profesionales diseñadas específicamente para situaciones de movilidad.
- Alcance 1: emisiones directas de GEI derivadas de la combustión de energías fósiles y de recursos poseídos o controlados por la empresa; alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas al consumo energético; alcance 3: todas las demás emisiones indirectas de GEI (aprovisionamiento, transporte, uso y fin de vida de los productos…).
** Análisis previo a un proyecto de inversión o adquisición de empresa que evalúa las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de la empresa objetivo.